Probidad en Tiempos Electorales: La joya de la Democracia
Hace algunos años, como parte del equipo docente de la Escuela de Gobierno y Administración Pública de la Universidad de Chile y del Instituto Nacional de Asuntos Públicos, tuve la oportunidad de viajar por casi todas las capitales regionales capacitando a equipos de SEREMIs en temas de liderazgo y vocería.
En aquella oportunidad pude relacionarme con funcionarios públicos que, al aplicarles un test específico, mostraban un alto nivel de Burnout (síndrome que -en breve- es producto del estrés laboral y que lleva al desapego de las funciones que se deben cumplir en la atención de público). Para mi sorpresa de entonces, no era tanto por los apremios del usuario del servicio, sino a causa de indebidas presiones que ejercían sus superiores, rayanas en las faltas a la probidad, que se acentuaban en particular en tiempos electorales.
Danos la probidad nuestra de cada día
La probidad implica actuar con rectitud y honradez, evitando cualquier tipo de corrupción o mal uso de recursos. En el contexto electoral, esto incluye la prohibición de recursos públicos usados de manera oportunista, así como el uso malicioso de información privilegiada, con “agenda y calculadora en mano”, como se dice. Ejemplos de estas faltas incluyen la manipulación de datos para obtener ventajas injustas, o la distribución de información falsa o imprecisa para desacreditar a oponentes, o al menos para provocarles inconvenientes, si es que no directamente menoscabo o daño.
En comunidades pequeñas la falta de transparencia y las conductas poco éticas pueden pasar inadvertidas, o ser ignoradas debido a la cercanía entre autoridades, funcionarios y ciudadanos. Más aún, cuando estos últimos no tienen la cultura cívica apropiada.
Lamentablemente este “tupido velo” que se interpone para tener una sana convivencia se transforma en la mortaja de una convivencia tóxica, ya que con pueblerino disimulo no solo fomenta una cultura de la complicidad y del silencio, sino que también erosiona la confianza en la administración pública y peor aún, en la democracia.
Expresiones como corrupción, nepotismo, manipulación de información, conflicto de intereses, falso mecenazgo y finalmente fraude electoral parecieran estar lejos de las encantadoras plazas pueblerinas del país. Nada más lejano a la realidad. Es en estos lugares, alejados de la fiscalización central, adonde más se requiere poner atención en las prácticas cotidianas de quienes deben estar al servicio público.
Un Tema Vigente Hoy, Sí en Julio de 2024
La Contraloría General de la República acaba de sacar un instructivo que en virtud de sus facultades constitucionales y legales, ha estimado pertinente impartir instrucciones en relación con eventos de diverso tipo, tales como festivales, conciertos, vendimias, carnavales, entre otros eventos culturales y de esparcimiento, organizados por las municipalidades, ya que han visto que en estas situaciones se está cruzando la delgada línea roja entre probidad y corrupción.
Este alto órgano de la República es explícito en señalar que: “no resulta procedente que se incorpore la imagen de la autoridad edilicia como una práctica asociada a la difusión de las actividades municipales, toda vez que ello implica una infracción a las normas relativas al empleo de recursos del organismo en beneficio personal o para fines ajenos a los institucionales, generándose responsabilidad civil para esa autoridad, que se hace efectiva mediante el correspondiente juicio de cuentas”.
Pareciera increíble que, a pesar de todos los escándalos que han surgido en el tema, la Contraloría todavía tenga que exhortar a los alcaldes, alcaldesas y concejeros a: “tener presente que los órganos del Estado y sus funcionarios deben someter su actuar a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, encontrándose sujetos a los principios de juridicidad y probidad, que les imponen cumplir honesta, fiel y esmeradamente, dentro de sus competencias, las tareas propias de sus funciones. Lo anterior, a fin de atender en forma eficiente las necesidades públicas a su cargo”
Para ser más clara la Contraloría invoca el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que establece que ellos se encuentran impedidos de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración del Estado o usar su autoridad, cargo o bienes de la municipalidad para fines ajenos a sus funciones: “Dicha prohibición tiene por finalidad evitar que se vulnere el principio de probidad administrativa”. Ojalá las Autoridades y Directivos de alto rango comprendieran que esto incluye el cese al acoso al eslabón más débil de la administración pública: el funcionario de planta, de carrera, el que ocupa los lugares más precarios del organigrama público y que en tiempos electorales ve injustamente amenazada su continuidad laboral ante improbas presiones.
No se haga cómplice, no acepte regalos indebidos
En lo particular, como agente cultural que ha vivido la discriminación institucional en más de una ocasión, da vergüenza ajena que sea la Contraloría que deba aclararle a autoridades municipales que en cuanto a la celebración de determinados eventos deben abstenerse de usarlos como plataformas de campaña.
En relación a eventos tales como el día de la mujer, del niño, del padre y de la madre, entre otras, hay dictámenes que “han sostenido, por una parte, que estas no constituyen festividades que, en sí, sean propiamente municipales ni tengan directa relación con los fines de las entidades edilicias y, por otra, que no corresponde disponer e imputar gastos que tengan como único objeto la celebración de aquellas, toda vez que se trata de actividades en favor de solo una parte de la comunidad.
La ley es clara, aunque nada impide que “las municipalidades puedan realizar, a nivel comunal, actividades comprendidas en alguna función propiamente municipal, como son, entre otras, las acciones culturales, recreativas o deportivas, en tanto ellas sean dirigidas a toda la comunidad, e imputarlas al ítem de gastos que corresponda, según la naturaleza de estos.” Afortunadamente para los ciudadanos esta indicación nos da la tranquilidad de que ante cualquier eventual duda, solicitar por Ley de Transparencia la debida cuenta que se debe hacer de estos gastos.
Este llamado que la Contraloría hace a mantener la probidad en temas culturales no termina aquí. Se extiende al uso de los medios de comunicación. Ahí encontramos mucha más materia sobre la que podemos reflexionar, pero que dejaremos para la próxima entrega, porque insistiremos en esto, hasta que la probidad se haga cultura.
Comments